La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)asignó asistencia legal a Javier Velásquez Quesquén, exministro del gobierno aprista, con una suma de 150.000 soles. Actualmente, el exfuncionario enfrenta una investigación preparatoria a cargo del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La pesquisa se centra en el presunto delito contra la Administración Pública, específicamente en la modalidad de colusión agravada, relacionada con la continuación del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, en colaboración con la concesionaria IRRSA SUR. Se alega que este delito ocurrió durante el ejercicio de Velásquez Quesquén como Presidente del Consejo de Ministros.
Aunque la Ley del Servicio Civil permite legalmente brindar defensa a un exfuncionario que esté bajo investigación judicial por acciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, resulta llamativo que la contratación del abogado Juan Jose Trelles Medina se haya llevado a cabo mediante un proceso de contratación directa y por una suma excesiva.
Es importante destacar que, en caso de que Velásquez Quesquén sea declarado culpable, estará obligado a reembolsar la totalidad de los fondos utilizados para su defensa.
Denuncias archivadas en su contra
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el archivo de la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón y los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma en el caso Los Temerarios del Crimen.
La denuncia, presentada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, implicaba a Alarcón en presuntos delitos de cohecho pasivo propio, mientras que a Velásquez Quesquén y Palma se les acusaba de tráfico de influencias agravado. El informe final fue aprobado mayoritariamente con 11 votos a favor, dos en contra y sin abstenciones.
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