Desde aquel 7 de diciembre del 2022 cuando la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo, empezó a operar la red criminal que estaría encabezada por su hermano Nicanor Boluarte.
Así lo afirma la fiscalía, según se lee en la resolución judicial que dictaminó la detención preliminar por 10 días de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda (abogado de la presidenta) y otros 6 involucrados en lo que se ha denominado la supuesta organización criminal ‘Los Waykis en la sombra’.
Prefectos y subprefectos a granel
El hermano de la presidenta Dina Boluarte es sindicado de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias supuestamente cometidos en cuatro hechos claves que han sido identificados por la fiscalía.
En ellos, Boluarte, como supuesto líder de la organización, habría utilizado sus influencias para designar prefectos y subprefectos y así financiar su red criminal y recolectar firmas para la inscripción de su partido ‘Ciudadanos por el Perú’.
Según la fiscalía: “Nicanor habría instrumentalizado el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas provinciales y distritales en San Martín, Cajamarca y otros por determinar.
El objetivo era hacerse de dádivas económicas mediante su influencia ilícita en la designación de estos funcionarios y obligarlos a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú”.
Los prefectos y subprefectos (provinciales y distritales) son autoridades políticas encargadas, entre otras cosas, de otorgar garantías personales e inherentes al orden público.
Ellos son designados por la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.
Hasta esta Dirección habría llegado la red criminal de Nicanor Boluarte designando a Jorge Luis Ortiz Marreros, el 28 de diciembre del 2022, en el cargo de Director General de Gobierno Interior.
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